Justicia en Brasil condena a asesorías de ciudadanía italiana

La Justicia brasileña se ha convertido en un nuevo escenario de disputas relacionadas con el proceso de ciudadanía italiana. Decisiones recientes en Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná y Bahía condenaron a empresas de asesoría a indemnizar a clientes por fallas en la gestión de procesos y por la ausencia de resultados prometidos en contrato.

Qué decidió la Justicia de Mato Grosso do Sul

El 6º Juzgado Civil de Campo Grande condenó a una empresa de asesoría de Ciudadanía Italiana a devolver R$ 32,7 mil pagados por un cliente y a indemnizarlo con R$ 15 mil por daños morales. El caso giraba en torno a un servicio contratado para el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia, que incluía la localización de documentos del ascendiente italiano.

Según la sentencia, el cliente viajó a Italia para dar seguimiento al proceso sin que la partida de nacimiento del ascendiente estuviera efectivamente localizada — documento esencial para instruir la solicitud ante las autoridades italianas. Sin esa partida, el proceso no pudo avanzar de la manera prometida.

En la evaluación del juez responsable del caso, la empresa asumió ante el cliente una obligación de resultado, y no solo una obligación de medio. Esto significa que, al contratar el servicio, el consumidor tenía la expectativa legítima de obtener el reconocimiento de la ciudadanía, y no solo de que la empresa "intentaría" localizar los documentos necesarios. Esa distinción jurídica fue central para la condena.

Fallas señaladas en la sentencia

La decisión de Campo Grande enumeró una serie de fallas en la prestación del servicio. Una de ellas llamó la atención: el cliente solo fue informado del rechazo de las autoridades italianas a su solicitud dos años después de que ocurriera el hecho, recién en 2021. Ese retraso en la comunicación fue uno de los puntos que pesaron para la fijación de los daños morales.

La empresa alegó, en su defensa, que la pandemia de Covid-19 había retrasado el avance del proceso. El argumento, sin embargo, fue rechazado por el juez, quien constató que el problema documental — la no localización de la partida de nacimiento del ascendiente — era anterior al inicio de la pandemia. Es decir, la falla ya existía antes de cualquier restricción sanitaria que pudiera justificar el retraso.

La relación entre cliente y empresa fue encuadrada por el magistrado en los términos del Código de Defensa del Consumidor, lo que trajo consecuencias prácticas importantes para el proceso judicial. Una de ellas fue la inversión de la carga de la prueba: en lugar de que el cliente tuviera que probar que la empresa falló, correspondió a la propia empresa demostrar que cumplió correctamente sus obligaciones contractuales — lo que, según la sentencia, no ocurrió.

Otros casos en Brasil muestran una jurisprudencia aún en formación

El caso de Mato Grosso do Sul no es aislado. En una decisión de 2023, el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) ya había reconocido, en una situación similar, que una asesoría de ciudadanía había asumido una obligación de resultado ante el cliente, condenando a la empresa por no haber entregado el servicio contratado.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de Paraná (TJPR) trató un caso parecido bajo una óptica diferente, clasificando la relación como obligación de medio — es decir, entendiendo que la empresa debía emplear sus mejores esfuerzos, sin garantizar necesariamente el resultado final. Aun así, el tribunal paranaense determinó la restitución de valores pagados por el cliente, al constatar fallas en la prestación del servicio.

En Bahía, una empresa de asesoría también fue condenada, en una decisión que señaló fallas de información brindada al cliente y ausencia de comprobación adecuada de los actos realizados durante el proceso. El caso refuerza un patrón que ya aparece en diferentes estados del país: clientes recurriendo a la Justicia brasileña para recuperar valores y buscar reparación cuando los servicios contratados no corresponden a lo prometido.

Este conjunto de decisiones muestra que la jurisprudencia brasileña sobre el tema aún está en formación, con tribunales adoptando entendimientos distintos sobre la naturaleza de la obligación asumida por las asesorías — si es de medio o de resultado. Esa diferencia tiene un impacto directo en el tipo de responsabilidad que puede atribuirse a las empresas en cada caso.

Qué cambia esto para los brasileños descendientes de italianos

Es importante que los lectores comprendan los límites de estas decisiones. Los tribunales brasileños no tienen competencia para decidir sobre el derecho a la ciudadanía italiana en sí — esa es una materia regulada por la legislación italiana y analizada por las autoridades y la Justicia de Italia. Lo que la Justicia brasileña juzga son los contratos firmados en Brasil entre clientes y empresas de asesoría, y la forma en que esos servicios fueron prestados.

En la práctica, estas decisiones refuerzan la necesidad de transparencia por parte de las empresas contratadas y de comprobación documental de cada etapa del proceso — desde la búsqueda de partidas hasta el protocolo de solicitudes ante las autoridades competentes. Para quienes están investigando su descendencia italiana y consideran contratar algún tipo de apoyo profesional, los casos recientes sirven de alerta sobre la importancia de contratos claros, plazos bien definidos y comunicación constante sobre el avance del proceso.

Quienes siguen el tema pueden consultar más información sobre el proceso de reconocimiento en Ciudadanía Italiana, además de actualizaciones sobre decisiones judiciales y administrativas en Italia en Noticias de Italia. Para quienes ya obtuvieron el reconocimiento y planean mudarse, el portal también ofrece contenidos sobre Vida en Italia.

Entre los servicios frecuentemente contratados por descendientes está la búsqueda de partidas en Italia, etapa que, como muestran los casos judiciales recientes, exige un seguimiento cuidadoso y documentación de cada paso realizado.

Las decisiones analizadas indican una tendencia de mayor rigor por parte de la Justicia brasileña en la fiscalización de las relaciones de consumo relacionadas con el mercado de asesorías de ciudadanía, en un momento en que la demanda por el reconocimiento de la ciudadanía italiana sigue alta entre los brasileños descendientes.

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Fuente: Insieme